El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de su cargo, en forma preventiva, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por decisión de la Suprema Corte provincial, según fuentes del máximo tribunal.

El origen de la denuncia

El expediente se abrió en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su relato describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. La presentación fue acompañada con chats y audios como respaldo probatorio.

A partir de esa denuncia se inició un sumario administrativo y una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de San Isidro. En noviembre de 2025, la Procuración General de la provincia formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio impulso formal al jury. Con posterioridad se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos formulados

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según la denuncia original.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado con fines de beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y uso de su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en presunta violación de la normativa vigente.

El Jury está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores designados por el Poder Legislativo. El proceso continúa con el análisis de los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la producción y valoración de la prueba restante.

La resolución que dispone el apartamiento preventivo no implica un adelanto de juicio sobre el fondo de la cuestión. La defensa del magistrado podrá ejercer su descargo dentro del procedimiento, según fuentes del Jurado. La causa permanece abierta y a la espera de los próximos pasos del trámite.