Cerró la cadena Pandanés: 25 locales, 150 despidos y un intento judicial por evitar la quiebra definitiva

Veinticinco locales cerrados y 150 empleados desvinculados: ese es el saldo, hasta el momento, del cierre total de la cadena de panaderías Pandanés en el área metropolitana de Buenos Aires, según surge del expediente radicado en el Juzgado Comercial N.º 15. El caso se activó tras el pedido de quiebra presentado por la propia empresa, que en su escrito inicial describió una crisis de largadata con una caída del consumo superior al 50% respecto de sus volúmenes históricos y un incremento sostenido de los costos fijos.

Vamos a los números que la firma puso sobre la mesa. El pasivo concursal ronda los 1.200 millones de pesos al momento de la presentación, en tanto que la planta industrial —inaugurada en noviembre de 2022, con 1.778 metros cuadrados— fue diseñada para abastecer hasta 50 sucursales propias, capacidad que con el cierre de locales quedó muy por encima de la demanda efectiva. La diferencia entre esa estructura sobredimensionada y el mercado real sostiene, en buena parte, la explicación empresaria sobre el deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.

Las razones del colapso según la compañía

Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, afirmó que la combinación entre menor venta, encarecimiento de insumos —con la harina como caso testigo, atada a la suba internacional de los granos— y el peso de alquileres, energía y salarios actualizados por paritarias "provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos". La firma sostuvo que intentó renegociar alquileres, cambiar proveedores y alcanzar arreglos con el fisco, sin conseguir revertir la caída.

La decisión judicial: salvataje antes que quiebra

El juez Pablo Frick rechazó la declaración de quiebra y, en cambio, ordenó abrir un registro de cinco días hábiles para que acreedores, cooperativas de trabajadores u otros interesados se inscriban y presenten propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de cuotas sociales. El magistrado fundó su resolución en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, norma que obliga a agotar la instancia de salvataje antes de avanzar hacia una liquidación cuando se configuran los supuestos legales.

Esa ventana quedó abierta en un contexto particularmente delicado para el personal: la desvinculación se comunicó por WhatsApp y, según pudo reconstruir este medio, los trabajadores todavía no recibieron los telegramas de despido formales ni pudieron retirar sus pertenencias de los locales. A ese cuadro se suma lo observado por la sindicatura, que detectó indicios de falta de acreditación de aportes a obra social, ART y demás conceptos previsionales, un punto que podría redefinir el reparto del pasivo en las próximas instancias.

“La situación financiera de la firma, sumada al sobrante de capacidad industrial, configuró un escenario en el que la quiebra lisa y llana no era la primera opción legal disponible.”Lectura técnica del expediente

• Locales cerrados: 25 en el área metropolitana.
• Trabajadores desvinculados: 150, notificados por WhatsApp.
• Pasivo declarado: alrededor de 1.200 millones de pesos.
• Planta industrial: 1.778 m², pensada para hasta 50 puntos de venta.
• Caída del consumo señalada por la empresa: superior al 50%.
• Próximo hito: cierre del registro de cinco días hábiles abierto por el Juzgado Comercial N.º 15 y eventual presentación de propuestas de salvataje.