Lo que empezó a notarse este mes en la pantalla del celular, ese instante casi imperceptible entre que uno aprieta confirmar una transferencia y la operación queda registrada, ahora tiene un custodio nuevo. El Banco Central de la República Argentina decidió reforzar la seguridad del sistema financiero digital y, desde septiembre, empezó a repartir información pública entre los bancos, las fintech y los proveedores de cuentas de pago para que cada empresa arme un perfil de riesgo de sus usuarios. La idea es sencilla de explicar y ambiciosa de cumplir: agregar una capa de alerta por encima de los controles que ya aplican las plataformas.

Una capa extra que mira desde afuera

La herramienta no viene a reemplazar los modelos antifraude que cada entidad ya tiene funcionando. Lo que hace es sumarles datos externos para que el monitoreo sea más fino. Dicho de otro modo: una cuenta puede parecer tranquila si uno se queda con lo que pasa adentro de una billetera virtual; cuando se la mira con información más amplia, con movimientos cruzados y antecedentes públicos, algunos patrones empiezan a cantar distinto. Los administradores de transferencias inmediatas reciben esos indicadores sin costo y los usan en tres momentos clave: cuando incorporan un cliente nuevo, durante el seguimiento de las operaciones del día a día y en las revisiones periódicas que las normas denominan KYC, por las siglas en inglés de conoce a tu cliente.

El ojo está puesto, sobre todo, en las cuentas que funcionan como puente hacia circuitos de apuestas clandestinas, aunque el esquema también cubre otras modalidades de fraude electrónico. Para dimensionar de qué hablamos cuando decimos transferencias, alcanza con mirar el termómetro de julio: en un solo mes se hicieron 777 millones de transferencias inmediatas por un total de 99,5 billones de pesos, con un salto del 22,2% frente al mismo período del año anterior. Tres de cada cuatro operaciones se hicieron con Clave Virtual Uniforme, lo que deja a la vista el lugar central que ocupan las fintech en la vida financiera cotidiana de los argentinos.

Qué cambia para bancos, fintech y billeteras

La normativa, publicada en el Boletín Oficial el 1° de septiembre, obliga a las entidades financieras a incorporar el fraude —tanto el que viene de adentro como el de afuera— a su gestión de riesgo operacional. En la práctica, esto significa que cada banco tiene que definir políticas antifraude con niveles de tolerancia explícitos y designar a una persona responsable de esa función. Además, deberá reportar al directorio cómo viene la pelea contra el fraude al menos una vez por trimestre, de manera que el tema deje de ser un anexo y pase a ocupar un lugar fijo en la mesa de decisiones.

• Bancos: deben tener políticas antifraude, niveles de tolerancia claros y un responsable específico; reportarán al directorio por lo menos cada tres meses.
• Proveedores de cuentas de pago y billeteras: entre septiembre y diciembre de este año definirán estructuras y políticas internas.
• Durante 2027 avanzarán en la documentación y los procesos de adecuación.
• Plazo final: septiembre de 2027 para que las fintech terminen de adaptar todos sus procesos a la nueva regulación.

El movimiento apunta, en definitiva, a un escenario donde las transferencias hechas desde el celular dejen de ser el terreno suelto que eran hasta ahora para las maniobras fraudulentas. La pregunta que deja abierta el esquema es si las entidades más chicas, muchas veces atadas a presupuestos ajustados y equipos técnicos limitados, van a poder llegar a septiembre de 2027 con todos los procesos listos sin que el costo de adaptarse termine golpeando al usuario de a pie, que es, al fin y al cabo, quien termina pagando cuando una fintech decide trasladarle los gastos de cumplimiento.