Meses de espera y bolsillos flacos: lo que cuesta ser una persona con discapacidad en Córdoba

Me lo crucé en la sala de espera del Hospital de Niños, agotado y con la planilla de turnos apretada en la mano: Daniel, un padre de barrio Müller que lleva seis meses intentando que le confirmen una rehabilitación motora para su hija de cuatro años, me dijo, con una mezcla de bronca y resignación que conozco bien en estos pasillos, que en su casa ya nadie pregunta cuándo llega el próximo turno porque aprendieron, como me dijo textualmente él, que preguntar no acelera nada. La escena me devolvió de un golpe a la lectura del informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026, un documento que parece escrito a la medida de esa espera que Daniel describe sin ponerle nombre.

El relevamiento, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales con familias, profesionales y prestadores, no pretende medir estadísticamente la realidad de todas las personas con discapacidad de la provincia, pero sí pone en palabras lo que esas familias viven a diario: colas, llamadas sin respuesta y una sensación de estar corriendo una carrera con obstáculos que se mueven. En la Ciudad de Córdoba, para empezar a caminar cualquier trámite, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se gestiona en juntas evaluadoras que funcionan en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, y las citas se otorgan con esperas de entre dos y tres meses, según describe el texto.

Terapias, prótesis y medicamentos: la cuenta regresiva que no termina

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, sintetizó los plazos que el informe describe para las distintas prestaciones: entre cuatro y nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y entre nueve y catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Son rangos amplios, aclaró el propio Galoppo, que no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, pero sí marcan un piso y un techo que se repiten en los testimonios recogidos. Mientras tanto, las familias cubren con dinero propio lo que el sistema no alcanza a garantizar.

“Hay familias que llevan alrededor de dos años sosteniendo atención particular y gastan entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, después de haber asumido terapias, transporte y apoyos escolares por su cuenta.”Testimonio recogido en el informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba

• Esperas de 2 a 3 meses para obtener el Certificado Único de Discapacidad en hospitales pediátricos de la Ciudad de Córdoba.
• Demoras de 4 a 9 meses para acceder a prótesis y medicamentos.
• Esperas de 9 a 14 meses para ingresar a centros de rehabilitación.
• Gastos de bolsillo de entre $150.000 y $180.000 por mes en sesiones particulares.
• Atrasos de varios meses y hasta un año en pagos de obras sociales y programas estatales a prestadores.

A esos costos directos se suma otro que el informe describe con nombre propio: la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres. Madres que reducen su jornada laboral, que resignan ingresos, que reorganizan la vida familiar alrededor de turnos que no llegan, aparecen una y otra vez en los grupos focales. El documento también advierte que la brecha se reproduce del lado de los prestadores, que cobran tarde y cada vez peor: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un 225% frente a una inflación acumulada del 336%, y el valor reconocido por kilómetro de transporte se actualizó un 231% mientras la nafta súper trepó un 559%. El propio informe vincula esa ecuación con instituciones que debieron recortar gastos y con servicios que se vuelven cada vez más difíciles de sostener.

Lo que la comunidad pide y a quién se lo pide

Lo que escucho, lo que me llega de cada testimonio que cruza este informe y de cada charla como la que tuve con Daniel en aquella sala, es un pedido que se repite y que tiene destinatarios claros: a las obras sociales y al Estado provincial y nacional, las familias les piden previsibilidad en los turnos, actualización real de los aranceles y pagos a tiempo; a los centros de rehabilitación, que no cierren servicios ni achiquen terapias por la inflación que nadie les reconduce; y a la Defensoría, que este documento no quede en un cajón sino que se traduzca en mesas de seguimiento con fechas ciertas. En la próxima nota me voy a detener en cómo se financia la discapacidad en Córdoba y por qué la diferencia entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta se nota, justamente, en esas esperas que Daniel ya aprendió a no preguntar.