La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años y exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por el delito de lavado de activos. La resolución también dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según fuentes policiales y judiciales consultadas.

La investigación apunta a determinar si Martins intervino en maniobras destinadas a incorporar al circuito económico formal fondos obtenidos a partir de la explotación sexual de mujeres. La causa se tramita en el Juzgado Federal número 1, a cargo de Servini, con intervención de la Fiscalía Federal número 6.

El planteo de la defensa

En su declaración indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa cuestionó las fechas de las operaciones que se le atribuyen y planteó que eran anteriores al período considerado como base de la imputación.

• Según la defensa, las 26 operaciones atribuidas, entre ellas adquisiciones de propiedades y administración de sociedades, correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
• El argumento central fue que esas fechas eran previas al período del delito de explotación sexual que la justicia tuvo por acreditado, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.
• Martins sostuvo que la única condena firme en su contra se refería al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre, y que las acusaciones por otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata.

Los argumentos de la magistrada

Servini rechazó esos planteos y sostuvo que la fecha de constitución de las sociedades investigadas no era determinante para descartar las maniobras. De acuerdo con la resolución, una empresa creada con anterioridad puede ser utilizada más tarde para administrar u ocultar bienes de origen ilícito.

La jueza valoró de manera conjunta la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del imputado. Concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara como beneficiario final en los registros.

Origen de la pesquisa y extradición

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima recibida en el Ministerio de Seguridad que daba cuenta de una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Con el avance de la causa, Martins fue detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún a la Argentina.

La causa continúa en etapa de instrucción. El procesamiento con prisión preventiva implica que la magistrada considera reunidos los elementos para llevar el caso a juicio oral, aunque la defensa todavía puede apelar la medida ante la Cámara Federal. Por el momento, Martins permanece detenido a disposición del juzgado a cargo de Servini.