Lo que empezó como un rumor de pasillo en los hospitales públicos se transformó en un número concreto, y la cifra preocupa: las internaciones por problemas de salud mental subieron 42% entre 2023 y 2026 en Argentina, con un empujón adicional del 12% solo en los últimos doce meses. Las consultas ambulatorias, esas que se atienden en los centros de salud y en los consultorios externos sin pasar la noche en una cama, también treparon 23% en el último año, según el relevamiento que la Universidad Nacional de Lanús terminó de armar con las áreas de sanidad de 14 provincias. Lo que me queda dando vueltas, mientras repaso los datos, es que ya no estamos hablando de una sensación: hay un crecimiento sostenido, lo mires por donde lo mires, y el sistema público lo estándo en carne propia.

Qué provincias aportaron información y por qué importa

El trabajo reunió a las máximas autoridades sanitarias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población del país. También se sentaron en la mesa Entre Ríos y Río Negro, que participaron del encuentro aunque no entraron en el recorte central de los datos. Para mí, lo clave de este punto es geográfico: no es una foto del AMBA ni de una región puntual, es el termómetro de casi todo el territorio, desde la Patagonia hasta el norte grande.

• Mayores consultas de niñas, niños y adolescentes, un dato que las provincias marcaron con preocupación.
• Pacientes que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y migraron al hospital público.
• En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las atenciones en guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental.
• 388 camas nuevas de salud mental incorporadas entre 2021 y 2026 en hospitales generales.
• 13 de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.

Aunque la red se estiró y se abrieron más dispositivos, las propias autoridades provinciales reconocieron que esa capacidad está "sobreexigida" frente a una demanda que no afloja, y que siguen sin poder completar los equipos con disciplinas críticas, es decir, con los profesionales que hacen falta para que la atención no quede a mitad de camino. Me parece importante decirlo sin eufemismos: aun con más camas y más centros, el Estado está corriendo de atrás a la demanda, y eso se nota en las guardias, en los pasillos y en las listas de espera.

Qué piden las provincias y a quién se lo piden

Cuando los ministros y ministras de salud provinciales terminaron de pasar los números, pusieron por escrito qué hace falta y a quién hay que pedírselo. La lista es concreta: más inversión, más infraestructura, más recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir, de una vez por todas, información epidemiológica nacional de calidad, porque hoy cada provincia cuenta como puede y eso dificulta mirar el mapa completo. Además, reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que en los últimos años se fue desarmando y hoy se nota como una soga corta.

El informe llegó al Senado justo cuando el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta en discusión, tal como está, "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". Lo que la comunidad sanitaria le pide, en definitiva, a los senadores y senadoras que tienen la última palabra, es que la reforma no desarme lo que ya funciona y que, sobre todo, ponga la plata donde la demanda ya golpea: en guardias desbordadas, en pibes y pibas que llegan cada vez más chicos, y en familias que perdieron su prepaga y recalaron en el hospital del barrio.