El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas y fijó reparaciones por 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas de la organización que funcionó bajo apariencia religiosa en el Templo Filadelfia. La lectura del veredicto se realizó este mediodía en la sede del tribunal, según fuentes policiales y judiciales consultadas.

Las penas más altas y los absolvidos

Eva Petrona Pereyra recibió la condena más elevada, 24 años de prisión, considerada jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años y otros siete acusados a 18 años, penas que coincidieron con el requerimiento del fiscal general Alberto Gentili.

En dos casos hubo absoluciones por trata agravada y reducción a la servidumbre, con condenas únicamente por asociación ilícita: Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich.

Decomisos y medidas patrimoniales

• 46 inmuebles en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro.
• 12 vehículos decomisados en forma inmediata.
• 15 automotores adicionales que serán subastados, medida ordenada durante la instrucción.
• Dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera, también decomisado.

Cómo operaba la estructura, según la pesquisa

Durante el debate se acreditó que la organización funcionó, al menos, entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y extensiones en distintos puntos del país, Paraguay y Brasil. Gentili describió un sistema de sometimiento de personas en situación de vulnerabilidad, basado en trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones, con restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

Prescripciones y estado de la causa

El fallo declaró la prescripción de hechos que perjudicaban a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra. La causa quedó a la espera de los plazos procesales para que las defensas ejerzan los recursos previstos en el Código Procesal Penal federal.